Cerca de 60 mil expedientes, que representan más de $171.000 millones en multas a los ciudadanos, serán revisados por la Superintendencia en conjunto con el Ministerio de Transporte.
La medida fue impulsada después de que los organismos de control verificaran de manera exhaustiva las actuaciones sancionatorias adelantadas contra las autoridades de tránsito en el país y encontraran que los entes habrían utilizado una serie de normas declaradas nulas desde 2016 y, que seguían siendo utilizadas como norma sancionatoria para miles de casos.
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Aunque todavía no se habla de una devolución del dinero a los ciudadanos que se pusieron al día o de condonar a los que aún están pendientes, la ministra de transporte, Ángela Orozco, se refirió así al tema: “acudimos al Consejo de Estado para poder actuar con total contundencia frente a hechos irregulares que afectan el emprendimiento y la legalidad”.
Sera entonces el Consejo de Estado el que diga de qué manera se debe proceder para proteger los derechos de los ciudadanos que se vieron perjudicados en su momento.
Además, el tema cobra mayor importancia por estos días, al conocerse un proyecto que busca reducir algunas multas de tránsito a la mitad, tales como no usar el cinturón de seguridad o estacionarse en sitios no autorizados, por nombrar solo algunas.
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