El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que la estrategia del Gobierno Nacional para estabilizar la deuda pública es insuficiente y requerirá medidas adicionales para cumplir con los objetivos establecidos en la regla fiscal. Así lo indicó el organismo en su Pronunciamiento No. 16, tras analizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) presentado recientemente.

Según el CARF, si bien el Gobierno activó la cláusula de escape fiscal para el periodo 2025-2027 y definió una senda de reducción del déficit, la magnitud de los ajustes propuestos no garantiza que la deuda converja a niveles prudentes. En particular, se alerta que la mayor parte del esfuerzo fiscal está previsto para el mediano plazo, lo que incrementa los riesgos macroeconómicos y limita el margen de maniobra ante choques externos.

Las proyecciones del CARF indican que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría alcanzar máximos históricos, pasando del 61,4% del PIB en 2025 al 64,3% en 2027. Estos niveles, aunque por debajo del tope legal del 71% del PIB, se mantienen significativamente por encima del ancla fiscal de mediano plazo, que establece un umbral del 55%.

“La activación de la cláusula de escape no debe entenderse como un abandono del compromiso con la estabilidad fiscal”, señala el CARF, que considera urgente iniciar desde 2025 un ajuste sostenido que fortalezca la credibilidad del plan económico.

El cumplimiento de las metas fiscales definidas por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) requerirá ajustes significativos: 8,3 billones de pesos en 2025 y 33 billones en 2026. Parte de este esfuerzo podría lograrse mediante una reforma tributaria que el Gobierno ha anunciado y que se espera sea radicada próximamente en el Congreso. Por el lado del gasto, se contempla la creación de una comisión de gasto estructural que genere propuestas legislativas en 2026 para aumentar la eficiencia y reducir inflexibilidades presupuestales.

El CARF estima que para lograr una reducción sostenible de la deuda, los balances primarios (ingresos menos gastos, excluyendo intereses) deberán ubicarse entre el 1,5% y 2% del PIB durante la próxima década, una meta más ambiciosa que el promedio de 1,1% proyectado actualmente por el MFMP.

Ante este panorama, el CARF reitera la necesidad de un acuerdo entre el Gobierno, el Congreso y la sociedad para adoptar reformas que garanticen la sostenibilidad fiscal y económica del país. “Nuestro papel es aportar rigor técnico y emitir alertas oportunas que fortalezcan la confianza y orienten las decisiones de política pública”, concluyó el organismo.