En la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley estatutaria que busca establecer límites al derecho de reunión, manifestación y protesta pública y pacífica sobre las vías del país. La propuesta, liderada por el representante Óscar Campo, ha sido respaldada por varios congresistas del partido Cambio Radical.
Según sus promotores, el objetivo del proyecto no es restringir el derecho a la protesta, sino garantizar que este se ejerza sin afectar otros derechos fundamentales de los ciudadanos, como la movilidad, el trabajo y el acceso a servicios de salud.
“Con esta iniciativa no se busca restringir el derecho a la protesta, sino establecer unos límites razonables, donde haya un equilibrio entre los que quieren manifestarse pacíficamente y quienes necesitan movilizarse por las vías”, afirmó la representante Carolina Arbeláez.
El proyecto reconoce la protesta pacífica como un derecho constitucional, pero advierte que, en algunos casos, estas manifestaciones han derivado en bloqueos prolongados que generan pérdidas económicas, afectan el empleo y obstaculizan servicios esenciales. Cifras citadas en el texto indican que entre 2023 y 2025 se registraron más de 1.900 bloqueos en vías, con pérdidas superiores a los 1,6 billones de pesos en el suroccidente del país. Solo en el primer semestre de 2025, Colfecar reportó más de 400 bloqueos en 23 departamentos, con afectaciones económicas cercanas a los 1,4 billones de pesos.
Entre los puntos clave del proyecto está la regulación del uso excepcional de la fuerza pública, estableciendo como paso previo obligatorio el diálogo con los manifestantes. Además, se propone la creación de mecanismos institucionales como una Comisión de Diálogo y Mediación y un Puesto de Mando Unificado, que permitirían gestionar las manifestaciones de manera preventiva y evitar la escalada de los conflictos sociales.
La propuesta inicia ahora su trámite legislativo en el Congreso, donde se espera genere un amplio debate sobre los alcances y límites del derecho a la protesta en Colombia.
