El paradero de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), prófugo de la justicia colombiana, habría quedado al descubierto tras la revelación de documentos que indican que obtuvo residencia legal en Nicaragua el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por corrupción.
Según información de Noticias RCN, González, señalado como uno de los principales artífices del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habría regularizado su estatus migratorio en Nicaragua el pasado 21 de mayo de 2024, fecha en que la Fiscalía formalizó la imputación en su contra.
El presunto respaldo del Gobierno colombiano
De acuerdo con los documentos citados, una carta de la Embajada de Colombia en Managua habría solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua la renovación de la residencia de González, argumentando que el exfuncionario permanecía en ese país desde noviembre de 2024.
La respuesta de las autoridades nicaragüenses habría sido instruirlo para presentarse ante Migración en Managua y pagar 56 dólares por el trámite.
La coincidencia de las fechas entre la gestión diplomática y la imputación de cargos ha generado cuestionamientos sobre una posible coordinación entre el Gobierno colombiano y el proceso judicial, lo que aviva las sospechas de protección institucional.
El limbo de la circular roja de Interpol
Aunque la Fiscalía y la Policía emitieron orden de captura contra González, su efectividad fuera del territorio nacional depende de la expedición de una circular roja de Interpol.
La solicitud fue elevada el 4 de julio, pero un mes después la oficina central de la organización en Lyon (Francia) no ha dado respuesta. Investigadores colombianos consideran inusual la demora, pues el trámite suele ser automático salvo que existan dudas jurídicas o políticas.
Sin la circular roja, González no puede ser detenido en el extranjero, lo que, según fuentes citadas por El Tiempo, significa que “si en este momento el exfuncionario es abordado en otro país, quedará en libertad”.
Los señalamientos en el escándalo de la Ungrd
El magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, determinó que González debe ser privado de la libertad por la gravedad de los hechos en los que estaría implicado.
De acuerdo con la Fiscalía, González habría coordinado la entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, y de $1.000 millones a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Ambos excongresistas están hoy recluidos en la cárcel La Picota.
El testimonio de Olmedo López, exdirector de la Ungrd y testigo clave en el caso, sostiene que González impartió instrucciones directas sobre la distribución del dinero y que al menos dos reuniones en la Casa de Nariño, entre septiembre y octubre de 2023, sirvieron para definir los montos y las rutas de pago.
