Un atroz crimen sacudió los cimientos del sistema penitenciario en la capital de la República. La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de feminicidio agravado a William Rafael Martínez Alvarino, un recluso de 45 años señalado como el responsable del asesinato de su compañera sentimental, María Hernández Morales, ocurrido en el interior de la cárcel La Modelo de Bogotá.

El trágico desenlace tuvo lugar en el pabellón 13 del centro carcelario durante el desarrollo de una jornada habitual de visitas conyugales. Durante la audiencia concentrada de judicialización, el procesado aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

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La víctima, quien era madre de tres hijos, había viajado desde el departamento de Bolívar con el propósito de encontrarse con el interno. De acuerdo con las bitácoras oficiales de ingreso del INPEC, la mujer accedió a las instalaciones penitenciarias sobre las 10:00 de la mañana. No obstante, alrededor de las 12:30 del mediodía, el cuerpo sin vida de María fue hallado por la guardia penitenciaria dentro de una de las celdas. Tras percatarse de la inspección, el propio recluso manifestó de forma inmediata ante las autoridades ser el autor material del crimen.

Los macabros detalles revelados por la Fiscalía

El expediente presentado por la Fiscalía General de la Nación destapó un sombrío e histórico panorama de violencia de género. A pesar de que la pareja sostenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente cinco años, las indagaciones técnicas arrojaron que la víctima estuvo sometida a más de dos años de constantes amenazas, intimidaciones y conductas de control obsesivo por parte de Martínez Alvarino.

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• Vigilancia digital extrema: Según el ente investigador, el victimario obligaba a la mujer a compartir la pantalla de su teléfono celular en tiempo real para examinar exhaustivamente sus listas de contactos y el contenido de sus conversaciones privadas.
• Videollamadas obligatorias: Se constató que Martínez Alvarino le exigía la realización de videollamadas recurrentes durante las noches y en cada ocasión que ella salía de su residencia, con el único objetivo de monitorear sus actividades y verificar quiénes la acompañaban.
• Sometimiento psicológico: El reporte judicial recopiló evidencias de recurrentes insultos, humillaciones sistemáticas y falsas acusaciones de infidelidad, sumadas a la amenaza explícita de quitarle la vida en caso de que ella decidiera dar por terminada la relación o iniciar un nuevo vínculo amoroso.

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Un dato que generó profunda alerta entre las organizaciones civiles de derechos humanos es el perfil del agresor. William Rafael Martínez Alvarino se encontraba cumpliendo una sentencia penal de 21 años y cuatro meses por el delito de tentativa de feminicidio, tras haber intentado asesinar con un arma blanca a otra expareja sentimental en el año 2015. Adicionalmente, las pesquisas arrojaron que tan solo cuatro días antes del asesinato (el 18 de agosto), la justicia ordinaria le había denegado una solicitud formal de sustitución de pena por prisión domiciliaria.

¿Qué dicen las autoridades?

Las reacciones institucionales ante la vulneración de la seguridad en las zonas de visitas no se hicieron esperar, abriendo un fuerte debate técnico en torno a las fallas logísticas del penal.

• El Ministerio de Justicia y del Derecho: Emitió un enérgico pronunciamiento oficial en el que sentenció de manera categórica que «las cárceles no son territorios sin ley». El despacho ministerial lamentó el suceso y exigió una respuesta transparente e inmediata de los órganos competentes para esclarecer los determinantes del ataque.
• La Fiscalía General de la Nación: Tras la validación de la aceptación de cargos, un juez con funciones de control de garantías impuso a Martínez Alvarino una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, la cual correrá de forma paralela e independiente a la condena ordinaria que ya registra en su historial penal.
• Dirección General del INPEC: Tras el aislamiento preventivo del recluso en el pabellón de máxima seguridad, se dispuso el acompañamiento logístico a las comisiones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para las labores forenses pertinentes.

Medidas y revisiones de seguridad

Ante la gravedad del hecho suscitado en pleno horario de visitas familiares, las autoridades del orden nacional ordenaron reestructuraciones operativas urgentes dentro de la infraestructura carcelaria de Colombia.

A raíz de este feminicidio, redes de apoyo a la mujer y colectivos sociales han convocado a plantones pacíficos en las afueras de los complejos penitenciarios de la ciudad, exigiendo garantías plenas de protección para las ciudadanas que ingresan a cumplir con las jornadas de visitas reguladas por el Estado.