Un estudiante de la Universidad Industrial de Santander, identificado como Gregorio Delgado Alvarado, permanece bajo pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica FOSCAL, tras ser víctima de un atroz ataque con sustancias químicas dentro del campus. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril de 2026, cuando el joven fue sorprendido en un cubículo del baño del segundo piso del edificio Camilo Torres por la detonación de un artefacto de fabricación artesanal cargado con compuestos químicos reactivos, conocidos comúnmente como bombas de carburo.
La agresión se produjo en un espacio cerrado y sin ventilación, lo que convirtió el lugar en una trampa de gases tóxicos. El impacto de la reacción química comprometió de manera inmediata y severa el sistema respiratorio del estudiante, quien, en medio del caos y la asfixia, fue auxiliado inicialmente por sus propios profesores de la Escuela de Química. Tras recibir una atención básica en Bienestar Universitario, su estado se deterioró rápidamente, obligando a su traslado urgente a un centro médico de alta complejidad donde hoy, tras varios días del incidente, su vida sigue pendiendo de un hilo.
El Claustro de Profesores rompe el silencio
Ante la magnitud de la tragedia, el Claustro de profesores de la Escuela de Química emitió un comunicado de extrema urgencia dirigido al Consejo Académico y Superior. En el documento, los docentes califican el hecho como una «agresión de extrema gravedad» que no puede ser tratada como un incidente aislado o una simple «papa bomba» de protesta. La exposición directa a sustancias químicas potencialmente tóxicas en un espacio reducido constituye, según los académicos, un atentado directo contra la integridad física de un miembro de la comunidad universitaria.
Los profesores han sido contundentes al señalar que la administración de la universidad no puede eludir su responsabilidad. «La seguridad y la integridad física, psicológica y moral de estudiantes, profesores y personal administrativo dentro del campus no son una aspiración institucional: son una obligación legal e ineludible», señala el comunicado. Los académicos argumentan que la protección de la vida es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política y que la Ley 30 de 1992 obliga a las instituciones a garantizar el bienestar físico y psicoafectivo de su comunidad.
Un marco legal ignorado
El comunicado de los docentes profundiza en la normativa colombiana para recordarle a la Rectoría sus deberes. Citan el Decreto 1072 de 2015 y el reciente Decreto 1527 de 2024, los cuales imponen a la Universidad el deber de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) riguroso. Este sistema debe garantizar entornos libres de violencia, con especial énfasis en lugares donde se manipulan o puedan estar presentes sustancias químicas reactivas.
Para el Claustro, la administración ha fallado en la prevención y en la creación de un entorno seguro. Sostienen que la responsabilidad institucional no se agota con palabras de aliento, sino que requiere la asignación de recursos verificables, tal como lo dispone el artículo 118 de la Ley 30, que exige una destinación presupuestal mínima del 2% para el bienestar universitario.
Las seis exigencias de la Escuela de Química
Los docentes no solo denuncian, sino que exigen medidas con plazos definidos y responsables identificados:
- Activación de Protocolo de Emergencia Química: Se requiere un manual operativo, articulado con el sistema de salud local, para identificar rápidamente sustancias desconocidas en ataques y permitir una respuesta médica oportuna. Plazo: 30 días.
- Seguridad en Zonas Comunes: Instalación de videovigilancia y controles de acceso en baños, corredores y puntos ciegos del campus.
- Investigación y Judicialización: Coordinación con la Fiscalía General de la Nación para identificar y procesar penalmente a los responsables del lanzamiento del artefacto.
- Acompañamiento a Gregorio y su Familia: La UIS debe asumir los costos médicos no cubiertos por el sistema de salud y garantizar el soporte psicológico y académico necesario.
- Informe Público sobre Violencia: No se puede normalizar la detonación de artefactos. Se exige un informe con cifras reales y planes de acción correctivos.
- Fortalecimiento del Bienestar: Revisión del cumplimiento del plan de seguridad en todos los espacios del campus donde la presencia de químicos represente un riesgo.
La ética del químico y el rechazo a la violencia
Un punto central del pronunciamiento docente es el rechazo a la instrumentalización de la ciencia para causar daño. «La formación en química implica no solo conocimiento técnico, sino también responsabilidad ética con la sociedad», afirman. Como profesores, rechazan cualquier acción que utilice principios químicos fuera de contextos controlados para atentar contra la vida humana, y se comprometen a reforzar esta dimensión ética en todos sus laboratorios.
El Claustro hace un llamado directo a la administración a asumir su responsabilidad institucional con hechos, no con palabras. «La emisión de comunicados no es una medida de protección», sentencian los académicos, advirtiendo que valorarán la gestión de la Rectoría únicamente por los resultados verificables en la protección de quienes habitan el campus.
Pronunciamiento Institucional de la UIS
Tras la difusión masiva del reclamo de los profesores y la creciente indignación estudiantil, la Universidad Industrial de Santander emitió finalmente su postura oficial. En el comunicado, la dirección de la UIS expresó su rechazo absoluto a los hechos violentos y confirmó que se han iniciado las investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido en el edificio Camilo Torres.
La administración informó que, desde el momento del incidente, se ha brindado acompañamiento a través de Bienestar Universitario y se mantiene una comunicación constante con los familiares de Gregorio Delgado Alvarado para monitorear su evolución en la Clínica FOSCAL. Asimismo, la universidad aseguró que colaborará plenamente con las autoridades judiciales para que este ataque no quede impune y que revisará los protocolos de seguridad de acuerdo con las solicitudes del cuerpo docente.
Por ahora, la comunidad universitaria permanece en vilo, esperando que la salud de Gregorio mejore y que las promesas de seguridad se conviertan, por fin, en una realidad que evite que una tragedia similar vuelva a repetirse en las aulas de Bucaramanga.
