El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, enfrenta una nueva investigación. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra 28 alcaldes, entre ellos el de la “Ciudad Bonita”, por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; el no responder a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional.
El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, instaló junto con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia, y advirtió que el origen de este proceso es la “negligencia extrema” de los alcaldes para atender esta “gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada”.
“En el caso de los alcaldes, la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto”.
Además del alcalde de Bucaramanga, la indagación cobija a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Ibagué y Cali.
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El Procurador explicó que “la indagación disciplinaria supone el inicio de un proceso para demostrar que somos serios y además acatamos las órdenes de la Corte Constitucional en esa materia… Ya no son simplemente pactos de caballeros, que muchos firmaron y no se han cumplido…
Ante la imposibilidad de hacerlo, estamos iniciando una actuación para demostrar que las posibilidades de poner en marcha medidas de carácter disciplinario están sobre la mesa, sino se llega a cumplir con esos mandatos y obligaciones de carácter legal que tienen los alcaldes con la política penitenciaria y carcelaria de Colombia”.
Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de una política criminal, como la que ha solicitado la Corte Constitucional, y demandó que el Plan Nacional de Desarrollo prevea respuestas para atender esta “tragedia”.
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“Estamos enfrentados a una gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada, una gran tragedia donde la política pública a nivel nacional no funciona, una gran tragedia que está hoy sobre la mesa. Miren lo que está consagrado en Plan Nacional de Desarrollo en esa materia, para darse cuenta que lo que estamos haciendo es más de lo mismo y no tratando de romper unos esquemas para afrontar con seriedad lo que debe ser una política penitenciaria hacia el futuro”.
