La Corte Constitucional dejó sin efecto la intervención forzosa que el Gobierno Nacional había impuesto a la EPS Sanitas en abril de 2024, así como su prórroga firmada un año después. Con esta decisión, la administración de la entidad de salud volvería al grupo empresarial español Keralty, que había cuestionado la legalidad de la medida desde un inicio.

La decisión del alto tribunal se sustentó en una violación al debido proceso, lo que también llevó a revocar una sentencia previa de la Corte Suprema de Justicia que había declarado improcedente una tutela interpuesta por Keralty contra la Superintendencia Nacional de Salud.

La intervención a Sanitas fue ordenada el 2 de abril de 2024, mediante la Resolución No. 2024160000003002-6, con el argumento de que la EPS enfrentaba una deuda de 2 billones de pesos, un aumento en las quejas de los usuarios y un deterioro en su situación financiera. La medida autorizaba la toma de posesión inmediata de sus bienes, haberes y operaciones.

El entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, justificó la intervención señalando un incremento en los gastos operativos por 104 mil millones de pesos, destinados a infraestructura, mejoramiento de hospitales y arrendamientos que, según la entidad, no estaban suficientemente sustentados.

Pese a los intentos de recuperación, el 2 de abril de 2025, la Superintendencia decidió prorrogar la intervención por un año más, alegando que los problemas persistían. Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que se vulneraron derechos fundamentales en el proceso, especialmente los de la empresa administradora, lo que derivó en la anulación de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

Sanitas cuenta con 5,7 millones de afiliados en todo el país, por lo que el regreso de su administración al grupo Keralty podría representar un cambio significativo en la gestión del servicio para millones de colombianos.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también había abierto en mayo de 2024 una investigación sobre esta intervención, luego de que Keralty denunciara que se trató de una decisión «arbitraria» y posiblemente constitutiva del delito de prevaricato.

Contexto: múltiples EPS bajo intervención

La intervención a Sanitas hace parte de una lista creciente de EPS sometidas a control estatal. Entre ellas están Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS, Emssanar y Coosalud, las cuales enfrentan crisis financieras y operativas. Según la Superintendencia, estas entidades acumulan pérdidas por más de 9,6 billones de pesos.

Con la llegada de Giovanny Rubiano García como nuevo superintendente en noviembre de 2024, se anunciaron auditorías forenses a cada EPS intervenida, con el fin de revisar a fondo sus estados financieros. También se establecieron lineamientos para mejorar la atención de primer nivel, descentralizar contratos con IPS y garantizar la transparencia en el uso de los recursos del sistema de salud.