Más de 150 vicerrectores administrativos y directivos de instituciones de educación superior, miembros de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), se reunieron el pasado 1 de agosto en la Pontificia Universidad Javeriana para analizar las implicaciones de la reforma laboral en el sector educativo.

Durante la jornada, expertos y representantes del sector coincidieron en la importancia de la nueva legislación, que busca fortalecer los derechos laborales, pero también expresaron preocupaciones frente al impacto económico y operativo que implicará su implementación.

Oscar Domínguez González, director ejecutivo de ASCUN, explicó que el objetivo del encuentro fue abrir un espacio de diálogo que permita entender a fondo las transformaciones que se avecinan. “La reforma fue legislada en favor del fortalecimiento de los derechos laborales, algo que respaldamos. Sin embargo, eso implica nuevos costos que presionarán nuestras estructuras de operación”, indicó.

Domínguez agregó que las instituciones están buscando la manera de modular el impacto de la ley para evitar que los ajustes financieros afecten directamente el valor de las matrículas estudiantiles.

Por su parte, Víctor Manuel Sierra, vicerrector Administrativo de la Universidad Javeriana, señaló que muchas universidades ya venían adoptando algunas medidas contempladas en la reforma. “Apoyamos el trabajo con calidad y el bienestar del empleado. Sin embargo, somos instituciones que operamos 24/7, lo que genera preocupaciones frente a ciertas disposiciones como la remuneración nocturna y en festivos”, expresó.

Sierra también se refirió a los desafíos en temas como los contratos de aprendizaje y el incremento de los costos operacionales, que crecen más rápido que los ingresos institucionales. Aun así, aseguró que las universidades mantienen su disposición al diálogo con el Gobierno y el Congreso para aportar propuestas que beneficien al sector.

En el encuentro también intervino Elizabeth Bernal Gamboa, secretaria general de ASCUN, quien presentó los resultados de una consulta interna que reveló que algunas universidades consideran que ciertos artículos de la reforma podrían comprometer su sostenibilidad financiera a corto y largo plazo.

En respuesta, ASCUN anunció una estrategia de trabajo en tres frentes: mayor claridad normativa mediante diálogos con el Congreso y entidades gubernamentales, participación activa en la reglamentación de la ley, y creación de espacios para compartir buenas prácticas entre las universidades afiliadas.

Desde una perspectiva jurídica, el profesor y abogado Juan Pablo López destacó la necesidad de alinear la nueva normativa con el modelo académico actual y de diseñar estrategias que permitan mantener la sostenibilidad institucional sin dejar de cumplir con las nuevas obligaciones legales.

Finalmente, el sector universitario reiteró su compromiso con la implementación de la reforma laboral, haciendo un llamado a la articulación entre el Estado y las instituciones para asegurar que los cambios no afecten la calidad educativa ni el acceso de los estudiantes a la educación superior.

“El reto es implementar la ley sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema ni cargar al estudiante con costos adicionales”, concluyó Domínguez.