La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, le puso un freno legal al entusiasmo del presidente Gustavo Petro, quien manifestó su intención de ponerse al frente de la campaña de Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. La advertencia es contundente: en Colombia, la participación en política de un mandatario en funciones está estrictamente prohibida.
Le puede interesar: Colombia definirá su futuro en segunda vuelta: De la Espriella y Cepeda miden fuerzas en las urnas
El trino que encendió las alarmas
La polémica comenzó tras un mensaje publicado por el presidente Petro en sus redes sociales. En él, el mandatario aseguró que, ante el escenario del voltaje que enfrenta Iván Cepeda (Pacto Histórico) con Abelardo de la Espriella (Fuerza Democrática), él mismo asumiría el liderazgo para defender el proyecto político de su gobierno. Sin embargo, la normativa colombiana actual no da margen de maniobra para este tipo de respaldos desde la Casa de Nariño.
En declaraciones públicas, Barrios recordó que las reglas del juego cambiaron en el país desde que se eliminó la reelección presidencial. Al no existir la figura de «candidato-presidente», las restricciones para el jefe Estado son absolutas.
«Excepto que el presidente de la República tome la decisión de renunciar a la Presidencia para volverse un militante de la campaña del Pacto Histórico e irse a recorrer el país haciendo campaña política, es la única manera en que él podría estar al frente de un proceso electoral», explicó la directora de la MOE.
Le puede interesar: Alias “La Chata” corrió para escapar, pero un detalle la delató en Bucaramanga
El rol de Gobierno en la segunda vuelta
Desde la veeduría electoral se insistió en que el papel del Ejecutivo en las próximas semanas debe ser exclusivamente de neutralidad y coordinación institucional. En ese sentido, la función del presidente Gustavo Petro y de su gabinete se debe limitar a liderar las comisiones de seguimiento electoral, garantizando la logística y la transparencia para que los ciudadanos voten en Paz el próximo 21 de junio.
Asimismo, el Gobierno tiene la obligación legal, a través del Ministerio del Interior y dela fuerza pública, de brindar plenas garantías de seguridad para que tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella puedan competir en igualdad de condiciones en la urnas. De esta manera, cualquier paso en falso por parte de mandatario no solo violaría la Constitución, sino que además abriría la puerta a investigaciones disciplinarias por participación indebida en política.
