La Procuraduría abrió investigación contra el director de la CAS, Juan Gabriel Álvarez. El ente investigador indicó que el directivo habría incurrido en presuntas irregularidades en el subregistro de estadísticas sobre la tala ilegal, y volúmenes de madera en el mercado del país.
El Ministerio Público busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con el registro de información de salvoconductos únicos nacionales en Línea –SUNL-, en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea -VITAL- de la ANLA, entre el 2018 y el 2019.
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Al parecer, los registros habrían sido duplicados o cargados más de una vez con el fin de ser utilizados para legalizar madera talada ilegalmente en Santander.
Además de Juan Gabriel Álvarez, el Ministerio Público investiga por hechos similares a 18 directores de igual número de corporaciones autónomas regionales.
Aparte de los 19 directores de corporaciones regionales, la Procuradría abrió investigación al director de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, y a la directora del DAGMA, Claudia María Buitrago.
