Un nuevo debate se desató en la tarde de este martes en la Corte Constitucional donde se estudiará una demanda contra el artículo 140 del Código de Policía, específicamente contra la norma que permite sancionar a las personas que promueven o faciliten “el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente”.
Esa norma fue con la que la Policía sancionó a en febrero pasado al joven Steven Claros, a quien le impusieron un comparendo de 830.000 pesos por comprar una empanada a una vendedora ambulante, en el barrio La Castellana de Bogotá.
Esa multa luego fue tumbada por la Inspectora 17 distrital de Policía de Atención Prioritaria, Mireya Peña García, que la dejó sin efectos. Varias entidades, entre ellas la Personería, le habían pedido al Distrito tumbar la sanción considerando que era desproporcionada.
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La Corte recibió una demanda contra la norma en la que esa vez se basaron los policías para imponer la multa. A juicio de los demandantes, esta ley puede ser mal interpretada, algo que en efecto ocurrió en el caso de Claros, por lo que le piden a la Corte que mantenga dicha ley, pero precisando que estas sanciones no pueden dirigirse a quienes compren productos de vendedores informales.
Según la demanda, si la norma se lee al pie de la letra, autoridades de Policía podrían hacer “interpretaciones arbitrarias” -como muestra la multa de Steven Claros- entendiendo que la “promoción o la actitud de facilitar se entiende con la compra a vendedores informales que usufructúan el espacio público”.
Para los ciudadanos, el hecho de que policías puedan interpretar que la venta que realizan vendedores informales ayuda a promover y facilitar uno uso ilícito del espacio público, es inconstitucional. Así, dicen, multar a un ciudadano por comprarle a un vendedor informal viola derechos fundamentales como los del trabajo, la igualdad de trato ante la ley, la libertad, y el libre desarrollo de la personalidad.
Los demandantes también critica que algunos policías interpreten que se puede multar a los compradores de vendedores informales, porque esto va en contra del ejercicio de ciudadanía libre, en le que las personas pueden escoger dentro de un mercado comprar donde quieran, siempre y cuando las mercancías que adquieren sean lícitas.
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