Un nuevo episodio vuelve a sacudir la institucionalidad en Santander, tras conocerse la polémica “reelección” de Eduar Abril Borrero como alcalde de Concepción, una figura inexistente en el sistema electoral colombiano. Este caso se suma a los ya registrados en Oiba y Girón, configurando un patrón que hoy genera serias preocupaciones sobre el control y la legalidad en los procesos políticos del departamento.

Un patrón que se repite en tres municipios

Las situaciones de Eduar Abril Borrero en Concepción, Elkin Reyes en Oiba y Campo Elías Ramírez en Girón coinciden en un mismo punto: decisiones que avanzaron pese a claras restricciones legales, avales cuestionados y una aparente falta de control por parte de las autoridades electorales.

En los tres casos, las candidaturas lograron avanzar inicialmente con el visto bueno del Tribunal Administrativo de Santander, lo que permitió que los mandatarios asumieran sus cargos en medio de cuestionamientos jurídicos.

Fallos que terminan en destituciones

Sin embargo, el rumbo de estos procesos cambió en instancias superiores. El Consejo de Estado terminó confirmando la salida de los mandatarios por incurrir en doble militancia, una falta que vulnera las normas electorales vigentes en Colombia.

Estas decisiones no solo derivaron en la salida de los alcaldes, sino que dejaron a las administraciones municipales en escenarios de inestabilidad política y administrativa.

Sin elecciones atípicas: ciudadanos no elegirán

El impacto de estos fallos va más allá de las destituciones. Debido a los tiempos legales, cuando se produzcan decisiones definitivas ya no habrá margen para convocar elecciones atípicas, pues faltará menos de un año y medio para culminar el periodo constitucional.

En consecuencia, serán designaciones administrativas las que definan el futuro de estos municipios: el gobernador de Santander deberá nombrar alcaldes encargados que gobernarán hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿Se debilita la democracia?

Lo que comenzó como presuntas irregularidades electorales escala ahora a un escenario más complejo: la sustitución del voto popular por decisiones administrativas.

Este panorama deja en evidencia fallas en los mecanismos de control institucional y plantea una pregunta clave para la opinión pública: ¿quién permitió que estas violaciones sistemáticas avanzaran sin control?

La situación reabre el debate sobre la eficacia de los filtros electorales en Colombia y el papel de las autoridades encargadas de garantizar la transparencia democrática.