La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a once personas, por los delitos de por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública y falsedad ideológica en documento público.
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Los procesados eran empleados de la Alcaldía de Oiba, la cual mediante sus Secretarías de Gobierno y Planeación, efectuó seis contratos correspondientes a prestación de servicios por un monto de 569 millones de pesos.
La Procuraduría Provincial de San Gil, mediante una investigación, logró comprobar dichas irregularidades que oscilaban entre los 80 y 150 millones de pesos.
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